viernes, 28 de diciembre de 2012

La verdad sobre la sanidad pública en Madrid y Andalucía

En esta España dividida en la que vivimos las informaciones desde uno y otro bando sobrevuelan nuestra cabeza sin freno. A la enorme cantidad de textos que derecha e izquierda se lanzan mutuamente hay que sumar la falta de veracidad que muestran muchas de estas informaciones. El objetivo es dañar al contrario, y si para ello es necesario adecuar la realidad a determinados informes, no se duda. La lista de ejemplos de este tipo es interminable, tanto en un bando como en el otro. 

La última batalla que se ha librado en este campo de trincheras informativas ha tenido lugar con motivo de la sanidad pública. Mientras la izquierda política de nuestro país ataca a discreción a Madrid por el proceso de privatización que está llevando a cabo el PP con Ignacio González a la cabeza, desde la derecha se huye del término “privatización” como de la peste y se habla de externalización de los servicios sanitarios, término que no existe ni en la RAE.



En cualquier caso, políticos del entorno de José Antonio Griñán han sido los principales bombarderos contra Madrid, aprovechando la ocasión para presumir de un sistema sanitario 100% público en Andalucía. De hecho, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirmaba hace unos días en el diario digital ELPLURAL lo siguiente: 

“No hay ni un solo hospital privado entre todos los que gestiona la Junta, ni uno solo, son públicos al 100% (…) no hay uno solo de los 47 hospitales públicos de Andalucía y de los más de 1.500 centros de salud que estén ni vayan a estar en esta situación. Todos son públicos, con gestión pública, personal público y atención pública (…) hay una actividad complementaria que se hace en el ámbito privado pero mediante la figura de los conciertos (…) en el presupuesto del 2013 sólo representará el 3,7% del montante de la Consejería de Salud”.
Estas declaraciones de Vázquez intentaban desacreditar las palabras de una componente del PP con las que se intentaba desviar la atención de su proceso de privatización (o externalización) de seis hospitales madrileños. La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP andaluz, Ana María Corredera, denunció hace unos días en la sede del PP andaluz el doble discurso del PSOE en este aspecto, tal y como reflejó Libertad Digital hace unos días. Corredera afirmó lo siguiente:
“El PSOE andaluz lleva años decantándose por la privatización de la sanidad a través de conciertos, externalización de servicios y la venta de acciones, por lo que Andalucía es una de las comunidades con más peso de lo privado en la sanidad (…) de los 88 hospitales que hay en Andalucía, sólo 29 son totalmente públicos, 17 son concertados y 42 son privados. La tasa de hospitales públicos por cada cien mil habitantes es de 0,56, lo que sitúa a Andalucía en el antepenúltimo puesto entre las comunidades autónomas y por debajo de la media nacional que es de 0,71”.
Ante tal disparidad de datos supuestamente oficiales, al ciudadano de a pie únicamente le resta volverse loco. ¿A quién creer? ¿Cómo es posible que ambas partes aseguren con tal rotundidad posiciones tan contrarias?. Con esta política de manipulación, lo que PP y PSOE buscan es que los afines a la derecha crean a unos y los partidarios de la izquierda se fíen de los otros, sin contrastar informaciones y desechando aquellos datos que sean contrarios a su ideología. Es decir, todo lo contrario a lo que una información veraz y objetiva debería buscar, que es convencer a base de argumentos y no de aseveraciones.

Como no me gusta lo que existe en España, ni en una cuadra ni en la otra, decidí moverme y buscar datos. Algunos lo llamarían “investigar”, pero esta acción requirió tan poco tiempo que no me atrevo ni a denominarlo de tal forma. Decidí acudir al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, órgano dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Es decir, órgano dependiente de la Junta de Andalucía. La sorpresa fue mayúscula.

Según un estudio de los recursos sanitarios y salud de la población llevado a cabo por este organismo, en 2011 en Andalucía había 34 hospitales generales públicos (47%) y 38 privados (53%). Es decir, más de la mitad de los hospitales generales andaluces eran privados. En lo que respecta al número de camas instaladas en camas públicas y privadas, 17.530 camas pertenecen al primer tipo de servicio (82%), mientras que en el sector privado habría instaladas 3.927 camas (18%). Así, ,mientras que el numero de hospitales privados en Andalucía es enorme, el número de camas instaladas en cada uno de ellos es bastante bajo en relación al de los hospitales públicos.


Veamos ahora la situación en la Comunidad de Madrid. Hace un par de meses la web Acta Sanitaria se hizo eco de un estudio de DBK, empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia. En dicho estudio se especificaba que en la actualidad Madrid cuenta con 32 hospitales públicos (48%) y 34 privados (52%), con un total de 14.000 (74%) y 4.800 (26%) camas respectivamente. 

Así, a día de hoy las cifras entre ambas comunidades son bastante similares, tanto en número de hospitales privados y públicos como en cifra de camas disponibles en cada uno de ellos. Sin embargo, es preciso puntualizar que ante la inminente ola de privatización de la sanidad de la Comunidad de Madrid, las cifras de hospitales y camas en manos del sector privado aumentarán de manera considerable.

¿Qué podemos deducir con esto? Que mienten ambos. Que ni el PSOE dice la verdad al hablar de un sistema sanitario 100% público en Andalucía ni el PP es sincero al colocar a la comunidad autónoma que preside Griñán como la zona que más apuesta por la privatización en la sanidad. De modo que la única solución es creerse una pequeña parte de lo que dice cada uno. Aunque mi consejo es que no crean a ninguno.

miércoles, 12 de diciembre de 2012

La primera piedra hacia la correcta comunicación política del suicidio

No es la primera vez que trato en este blog el tema del suicidio, y si Rosa Díez está en lo cierto, tampoco será la última. A pesar del silencio mediático e informativo que impera en España alrededor de este tema, Rosa Díez rompió ayer este tabú en el Congreso de los Diputados. Son pocas las apariciones de este tipo que han tenido lugar en las Cortes, de hecho en el año y medio que llevo estudiando este tema sólo Gaspar Llamazares aludió a él al presentar diez preguntas al Ejecutivo sobre la situación del suicidio en España.

Resulta gratamente sorprendente encontrar medidas como la encabezada por UPyD. Rosa Díez hizo uso además de una oratoria en la que no sólo enunció verdades como puños, sino que además colocó la primera piedra sobre cómo debe ser la futura comunicación política del suicidio, hoy en día inexistente. Así, Díez anunció el acuerdo de todas las fuerzas políticas (algo sumamente inusual) para la redefinición de las estrategias de prevención del suicidio existentes en España. 



Más concretamente, se trata de una Proposición No de Ley, un tipo de iniciativa que tiene lugar en las Cortes y que muestra la intención mayoritaria de llevar a cabo una determinada acción, en este caso encaminada a la regulación de la prevención del suicidio. La Proposición en su totalidad se denomina Promoción dentro de la estrategia de Salud Mental de acciones para una redefinición de los objetivos y acciones de prevención del suicidio

Rosa Díez señaló que los datos e informaciones sobre este tema le han llegado gracias a la novela de una amiga suya, Beatriz Becerra, autora de una novela sobre el suicidio infantil titulada La estirpe de los niños infelices. Sorprende que la líder de uno de los cuatro partidos políticos más votados no tenga constancia de la gravedad del suicidio con anterioridad, lo que por otro lado explicaría por qué en su programa político de las pasadas elecciones generales de noviembre de 2012 su partido ni siquiera mencionó el tema del suicidio. La desinformación que existe sobre el suicidio, incluso en las más altas esferas, nos habla de lo oculto que ha estado, y sigue estando, este tema en nuestra sociedad.

La política vasca apuntó que el suicidio se mantiene como un tema tabú y respecto al mismo apuntó lo siguiente:

“Sólo tenemos datos oficiales (los del INE), que ocultan los datos reales (…) se habla poco públicamente y sobre todo políticamente porque nos da miedo abordar este tema, porque tememos las consecuencias (…) hemos roto invisibilidades como la violencia de género, el terrorismo o las enfermedades, pero no la del suicidio (…) como hemos dimensionados esos asuntos, hemos sido capaces de actuar para prevenirlos. Con el suicidio no sucede esto. No abordar el tema del suicidio nos ha llevado a la situación actual (...) el suicidio es el último tabú que queda en la democracia”.
Estas son algunas de las aseveraciones que hizo ayer Rosa Díez en el Congreso y que son completamente ciertas. El suicidio, a diferencia de los asesinatos, el terrorismo o la violencia de género se ha mantenido en el silencio desde hace más de 30 años, y por lo tanto es imposible que se hayan diseñado planes de prevención coherentes y eficientes en busca de la disminución de las cifras de mortalidad por esta causa. Aun así, Rosa Díez se olvida de mencionar que la cifra de muertos por accidentes de tráfico, problema que preocupa enormemente tanto a nivel mediático como político, son inferiores a los ratios de suicidios. Con ese dato sin duda habría hecho reflexionar a la totalidad del Congreso.

Por otro lado, es necesario subrayar que Rosa Díez habla de muertos por suicidio a nivel mundial. Hubiera sido más correcto que UPyD se hubiese referido a las cifras de nacionales, que serían mucho más aclaratorias (de hecho en este blog me he referido a ellas en más de una ocasión). Y es que a pesar de parecer muy rimbombantes, las cifras mundiales pueden dejarnos indiferentes. No impacta tanto saber que se suicida el número total de personas que se suicidad al año en todo el mundo como conocer que en España la cifra es de más de ocho personas al día.



Por último, tiene razón Rosa Díez cuando afirma que “no hay un acompañamiento social e institucional para el drama del suicidio, por eso las familiar callan. Se han hecho planes puntuales pero no conjuntamente ni globalmente. Hay en guardia civil, en hospitales o en comunidades autónomas, todas positivas, pero es necesario un plan conjunto y global”. Las familias se encuentran solas cuando un ser querido se suicida y tienden a ocultar el hecho debido a la escasa empatía y comprensión que existe en España respecto al tema del suicidio.

Ojalá esta Propuesta No de Ley se transforme en algo más concreto y se consiga coordinar con planes de prevención nacionales el papel de la educación, los centros sanitarios y los medios de comunicación, actores clave en este proceso. Pero los partidos no deben contentarse con esta Proposición. Se debe luchar en el seno de cada familia política por dar a conocer el problema del suicidio, empezando por reflejarlo en sus programas políticos y continuando con un seguimiento al número de víctimas que el Instituto Nacional de Estadística nos proporciona cada dos años.

Hay algo muy importante en el paso que ha dado UPyD. A partir de ahora, si los muertos por suicidio aumentan de manera considerable, los políticos deberán dar una respuesta a la población. Esto es lo bueno que tiene sacar el tema del suicidio a la palestra. De ahora en adelante el seguimiento del número de víctimas será mayor y por lo tanto podremos rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados. Esperemos que, de darse esta hipotética situación, Rosa Díez siga mostrándose tan comprensiva en este tema como ahora.